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Artículo de Secours Rouge Toulouse sobre la militarización, el imperialismo francés y la izquierda revolucionaria publicado el 28 de noviembre de 2025.

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«La guerra no es más que la continuación de la política por otros medios», escribió Clausewitz. En Francia, esta frase resuena hoy con gran intensidad. Se suceden los anuncios, formando un conjunto coherente: militarización acelerada, discurso de «sacrificios», normalización de la economía de guerra y, a continuación, refuerzo del mantenimiento del orden y del aparato represivo. Dos aspectos inseparables de un mismo proyecto: preparar la confrontación exterior y neutralizar la oposición interior en beneficio del imperialismo francés.

Como expresión de la intensificación de las contradicciones interimperialistas, la militarización de Francia y Europa alcanza hoy un nivel sin precedentes desde la Guerra Fría. Esto se hace patente en los distintos anuncios articulados para construir la idea de un futuro conflicto presentado como inevitable, en particular contra Rusia. Y el frente ruso es solo el más evidente: desde 2022, la Fuerza Aérea y Espacial francesa lleva a cabo cada año operaciones de despliegue rápido en el Pacífico, a través de la misión PEGASE, para responder a la «amenaza china». La Unión Europea ha marcado la pauta al desvelar su proyecto de «Schengen militar», destinado a transformar el continente en un vasto corredor logístico para los ejércitos. Carreteras, puentes, vías férreas, infraestructuras civiles: todo debe adaptarse a las necesidades de las tropas.

Esta dinámica se amplifica especialmente en Francia. El Gobierno promueve sin complejos la idea de que el país debe prepararse psicológica y materialmente para un enfrentamiento importante. La publicación de la guía «Tous responsables» (Todos responsables), presentada como un manual ciudadano para «actuar eficazmente en situaciones de crisis», lleva aún más lejos esta normalización de la guerra. El documento evoca explícitamente la posibilidad de una «amenaza relacionada con un compromiso importante de nuestras fuerzas armadas fuera del territorio nacional», tras meses de discursos sobre el «rearme demográfico» y la obligación de disponer de una mochila de supervivencia para 2026. En esta línea, Emmanuel Macron anunció el jueves 27 de noviembre un servicio militar voluntario con el fin de reforzar «la importancia de la preparación de la nación y de sus fuerzas morales frente a las crecientes amenazas», según el comunicado del Elíseo.

El ámbito de la salud tampoco escapa a esta lógica. El Ministerio ha pedido oficialmente a los hospitales que se preparen para un escenario de conflicto armado de aquí a marzo de 2026. Según una nota interna revelada por Le Canard Enchaîné, los hospitales civiles franceses deben prepararse ahora para recibir oleadas masivas de heridos militares, con previsiones que pueden alcanzar hasta 50 000 pacientes en seis meses. Se está haciendo todo lo posible para inculcar en la mente de la gente la idea de que podría estallar un conflicto en un plazo de tres o cuatro años, como si ese plazo ya se hubiera validado entre bastidores.

Este es precisamente el plazo que asumió con escalofriante brutalidad Fabien Mandon, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, durante el 107.º Congreso de Alcaldes, celebrado del 18 al 20 de noviembre de 2025. Pidió a los representantes electos que prepararan a la población para «aceptar el riesgo de perder a nuestros hijxs» y «sufrir económicamente», al tiempo que retomaba la retórica belicista sobre Rusia.
Detrás de estas palabras no se esconde la opinión de un militar aislado, sino la línea estratégica asumida por el Estado francés, coherente con el aumento masivo del presupuesto militar, los proyectos de servicio nacional para los jóvenes y las ambiciones imperialistas reafirmadas en la Revista Estratégica Nacional.

Esta militarización se extiende también al ámbito espacial. Toulouse se convierte en un eje central de este dispositivo con la instalación del Mando Espacial y del Centro de Excelencia Espacial de la OTAN, inaugurados como símbolos de la nueva doctrina: «el espacio ya no es un santuario». Los satélites patrulleros Toutatis y Orbit Guard, diseñados para vigilar o neutralizar amenazas, encarnan la entrada asumida de Francia en la militarización completa de la órbita terrestre.

Así, conviene recordar que Francia, segundo exportador mundial de armas, no es un país «amenazado», sino un actor central en los conflictos que pretende temer. Hoy en día, alimenta, equipa y apoya las dinámicas bélicas que asolan el planeta, como los genocidios en Palestina y Sudán. Evidentemente, no se trata de un fenómeno nuevo, sino que tiene su origen en el colonialismo francés y sus cientos de años de saqueos, despojos y masacres de los pueblos colonizados.

Su antiguo imperio colonial sirvió de base material y territorial para la afirmación del imperialismo francés después de 1945, al proporcionar el uranio necesario para el desarrollo nuclear y ofrecer lugares de ensayo remotos (Sáhara argelino, Polinesia) o la base de lanzamiento espacial en Guayana. Esta potencia nuclear garantizó la independencia estratégica y el estatus de potencia mundial de Francia, actuando como principal catalizador del desarrollo de un complejo militar-industrial de vanguardia. Este complejo, que combina las industrias nucleares y la exportación de armamento sofisticado, se ha convertido tanto en un pilar económico nacional como en una de las herramientas que permiten a Francia mantener sus intereses, su influencia y un papel de primer orden en el mundo, en particular mediante el mantenimiento de varias de sus colonias (Reunión, Guayana, Kanaky, Guadalupe, Martinica, Polinesia, etc.).

Iniciado en 2018, el aumento masivo del presupuesto de «Defensa» francés (+56 % entre 2017 y 2025) continuará hasta alcanzar el objetivo de 68 000 millones de euros en 2030. La reciente Ley de Programación Militar 2024-2030 da a la industria armamentística una visibilidad sin precedentes y provoca un fuerte aumento de los pedidos. Impulsados por la «economía de guerra», los industriales aceleran sus ritmos, reducen los plazos y relocalizan ciertas capacidades críticas para prepararse para conflictos de alta intensidad. Asi, todo el sector se está reorganizando para producir más y más rápido. Por ejemplo, los aviones Rafale se producen hoy tres veces más rápido que en 2022.

Si la primera fase de este programa tiene como objetivo preparar al aparato militar y condicionar a la población para la guerra, la segunda fase se centra en el frente interno. Porque para llevar a cabo una política de militarización exterior, es necesario asegurarse de que la sociedad no se rebele contra las consecuencias sociales, políticas y humanas de esta decisión. Ahí es donde entran en escena la represión y el mantenimiento del orden, como instrumentos de contrarrevolución preventiva destinados a sofocar cualquier oposición antes de que aparezca.

Desde 2018, las fuerzas del orden francesas disparan cada año entre 15 000 y 20 000 municiones LBD y granadas explosivas, frente a menos de 500 antes de 2015. La feria Milipol, escaparate mundial de las tecnologías de control, ilustra la dirección tomada: drones, armas denominadas «no letales», sistemas biométricos, dispositivos de vigilancia algorítmica, todo contribuye a reforzar el mantenimiento del orden como un campo de experimentación militarizado.

Con el fin de imponer esta política, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, interrogado por una comisión parlamentaria el pasado 18 de noviembre, reafirmó su voluntad de crear un nuevo delito de «atentado contra la cohesión nacional». Esta propuesta se suma a un conjunto de medidas que refuerzan las capacidades de vigilancia, amplían las posibilidades de disolución de organizaciones y extienden los ámbitos de incriminación penal, refuerzan las prisiones y las políticas de aislamiento, cuyo objetivo declarado es neutralizar cualquier contestación a la política llevada a cabo por el imperialismo francés.

Esta lógica llega hasta el Senado, que ha validado medidas que permiten a France Travail (oficina de desempleo fancesa) consultar registros telefónicos o archivos aéreos para controlar a los beneficiarios de ayudas, así como nuevas obligaciones administrativas que restringen el acceso a los derechos sociales. Al ampliar aún más la vigilancia en el ámbito de la precariedad, el Gobierno crea un clima de amenaza permanente que intenta desalentar la contestación y debilita aún más a las clases populares, en particular a las racializadas. Este proceso se ve reforzado, evidentemente, por la exacerbación de la islamofobia de Estado y sus dramáticas consecuencias para millones de personas, cuya intensificación también tiene como objetivo responder a esta exigencia: reunir a las clases populares detrás del imperialismo francés designando un «enemigo interno». Este sirve a la vez como terreno de experimentación para políticas liberticidas y autoritarias, que el racismo permite que sean aceptadas por amplios sectores, como medio para debilitar las capacidades de autoorganización —en particular de las personas racializadas— susceptibles de cuestionar el orden imperialista.

La coherencia de su estrategia salta a la vista: en el exterior, una militarización destinada a defender sus intereses imperialistas; en el interior, un aparato represivo reforzado para impedir que la población cuestione esta orientación. Se trata de una auténtica contrarrevolución preventiva, que ataca incluso antes de que exista una revuelta.

Ante esta situación, la izquierda revolucionaria debe abordar el período de manera consecuente. Es indispensable combatir todas las formas de chovinismo, así como la idea de que existe un militarismo «progresista», posición que hoy se encuentra en La France insoumise. Cuando políticos como François Piquemal se preocupan más por el alojamiento de los futuros soldados de Toulouse que por la lógica militarista en sí misma, esto ilustra perfectamente una política que consiste en acompañar, aunque sea marginalmente, la maquinaria bélica del Estado.
Más que nunca, hacemos nuestra la fórmula de Karl Liebknecht: «El enemigo principal está en nuestro propio país». Solo construyendo una perspectiva revolucionaria, profundamente internacionalista y antiimperialista, puede surgir un verdadero horizonte antimilitarista. No será posible ninguna paz duradera, ninguna salida a esta espiral de guerra, sin atacar la raíz: el capitalismo. No existe ninguna alternativa reformista. Es desde esta perspectiva que Secours Rouge Toulouse pretende situarse, basándose en sus características específicas: un espacio de apoyo, solidaridad y ayuda mutua para todas las formas de autoorganización autónoma de la izquierda revolucionaria, con el fin de hacer frente a la contrarrevolución preventiva y llevar adelante las perspectivas revolucionarias para el futuro.

Le 1er novembre, Louisana Richardson a été victime d’une agression par les forces de l’ordre (voir ici). Depuis, sa vie a été bouleversée. Elle doit faire face à d’importants frais médicaux, des soins indispensables et des dépenses juridiques pour se défendre. Louisana vit seule en France, sans famille ni ressources pour l’aider dans cette épreuve. Ses soutiens appellent à la solidarité pour pouvoir l’aider à se reconstruire et affronter cette situation. En effet, elle a porté plainte et l’enquête est ouverte par le service de déontologie de la police. Elle est convoquée mercredi 3 décembre pour être entendue.

Participer à la cagnotte

Depuis plus de 2 ans, une opération génocidaire menée main dans la main par l’occupation israélienne et l’impérialisme occidental se poursuit à Gaza comme partie intégrante de 77 ans de colonialisme de peuplement de la mer au Jourdain. Mais cette situation dépasse la Palestine : l’occupation sioniste agit comme un avant-poste de l’impérialisme occidental au Moyen-Orient. Face à lui, les peuples de la région se lèvent et y font face, à l’image du Liban qui demeure debout et résistant en dépit des agressions israéliennes répétées, des pressions extérieures et des appels à la reddition de sa résistance. Au Liban comme en Palestine, la gauche révolutionnaire arabe a une longue expérience liant la lutte contre le sionisme et l’impérialisme à la nécessaire perspective révolutionnaire au Liban, dans le Monde Arabe et au niveau international.

Mercredi 10 décembre à 19H au Chat Noir, le Secours Rouge Toulouse a le plaisir de proposer une rencontre avec Dima Mansour, militante libanaise anti-impérialiste et ancienne militante pour la libération de Georges Abdallah, ainsi que Muhammad Hashisho qui est secrétaire général du Parti Démocratique du Peuple au Liban (en vidéo), une organisation pour laquelle nous menons une campagne de solidarité, notamment en soutenant financièrement ses activités sociales auto-organisées à Saida dans le Sud du pays.

Article du Secours Rouge Toulouse sur la militarisation, l’impérialisme français et la gauche révolutionnaire publié le 28 novembre 2025.

Traduction en castillan

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« La guerre n’est que la continuation de la politique par d’autres moyens », écrivait Clausewitz. En France, cette phrase résonne aujourd’hui avec une grande acuité. Les annonces se succèdent, formant un ensemble cohérent : militarisation accélérée, discours de « sacrifices », normalisation de l’économie de guerre, puis renforcement du maintien de l’ordre et de l’appareil répressif. Deux volets indissociables d’un même projet : préparer la confrontation extérieure et neutraliser l’opposition intérieure au profit de l’impérialisme français.

Expression de l’intensification des contradictions inter-impérialistes, la militarisation de la France et de l’Europe atteint aujourd’hui un niveau inégalé depuis la guerre froide. C’est visible dans les différentes annonces articulées pour construire l’idée d’un futur conflit présenté comme inévitable, en particulier contre la Russie. Et le front russe n’est que le plus évident : des opérations de déploiement rapide menées par l’Armée de l’Air et de l’Espace française – à travers la mission PEGASE – ont lieu chaque année dans le Pacifique depuis 2022 pour répondre à la « menace chinoise ». L’Union européenne a donné le ton en dévoilant son projet de « Schengen militaire » destiné à transformer le continent en un vaste corridor logistique pour les armées. Routes, ponts, voies ferrées, infrastructures civiles : tout doit être adapté aux besoins des troupes.

Cette dynamique s’amplifie particulièrement en France. Le gouvernement promeut sans complexe l’idée d’un pays devant se préparer psychologiquement et matériellement à un affrontement majeur. La publication du guide « Tous responsables », présenté comme un manuel citoyen pour « agir efficacement en situation de crise », pousse encore un peu plus loin cette normalisation de la guerre. Le document évoque explicitement la possibilité d’une « menace liée à un engagement majeur de nos forces armées hors du territoire national », après des mois de discours sur le « réarmement démographique » et l’obligation de disposer d’un sac de survie d’ici 2026. Dans cette continuité, un service militaire volontaire a été annoncé ce jeudi 27 novembre par Emmanuel Macron, afin de renforcer « l’importance de la préparation de la Nation, et de ses forces morales, face aux menaces croissantes » selon la communication de l’Elysée.

Le domaine de la santé n’échappe pas non plus à cette logique. Le ministère a officiellement demandé aux hôpitaux de se préparer à un scénario de conflit armé d’ici mars 2026. Selon une note interne dévoilée par Le Canard Enchaîné, les hôpitaux civils français doivent désormais se préparer à recevoir des vagues massives de blessés militaires, avec des projections pouvant atteindre jusqu’à 50 000 patients sur six mois. Tout est fait pour installer dans les esprits l’idée qu’un conflit pourrait éclater dans les trois ou quatre ans, comme si cette échéance était déjà validée en coulisses.

C’est précisément ce délai qu’a assumé avec une brutalité glaçante Fabien Mandon, chef d’État-major des armées, lors du 107ᵉ Congrès des maires qui s’est tenu du 18 au 20 novembre 2025. Il a demandé aux élus de préparer la population à « accepter le risque de perdre nos enfants » et « de souffrir économiquement », tout en reprenant la rhétorique guerrière sur la Russie. Derrière ces propos, ce n’est pas un militaire isolé qui s’exprime, mais la ligne stratégique assumée de l’État français, cohérente avec l’augmentation massive du budget militaire, les projets de service national pour la jeunesse et les ambitions impérialistes réaffirmées dans la Revue nationale stratégique.

Cette militarisation s’étend aussi au domaine spatial. Toulouse devient un pivot central de ce dispositif avec l’installation du Commandement de l’Espace et du Centre d’Excellence Spatiale de l’OTAN, inaugurés comme des symboles de la nouvelle doctrine : « l’espace n’est plus un sanctuaire ». Les satellites patrouilleurs Toutatis et Orbit Guard, conçus pour surveiller ou neutraliser des menaces, incarnent l’entrée assumée de la France dans la militarisation complète de l’orbite terrestre.

Ainsi, il est utile de rappeler que la France, deuxième exportateur mondial d’armes, n’est pas un pays « menacé », mais un acteur central des conflits qu’elle prétend redouter. Aujourd’hui, elle alimente, équipe et soutient les dynamiques guerrières qui ravagent la planète, comme les génocides en Palestine et au Soudan. Ce n’est évidemment pas un phénomène nouveau, il trouve sa source dans le colonialisme français et ses centaines d’années de pillages, dépossessions et massacres des peuples colonisés.

Son ancien empire colonial a servi de socle matériel et territorial pour l’affirmation de l’impérialisme français post-1945, en fournissant l’uranium nécessaire au développement du nucléaire et en offrant les sites d’essais éloignés (Sahara algérien, Polynésie), ou encore la base de lancement spatiale en Guyane. Cette puissance nucléaire a garanti l’indépendance stratégique et le statut de puissance mondiale à la France, agissant comme le principal catalyseur du développement d’un complexe militaro-industriel de pointe. Ce complexe, combinant les filières nucléaires et exportant des armements sophistiqués, est devenu à la fois un pilier économique national et l’un des outils permettant à la France de maintenir ses intérêts, ses influences et un rôle de premier plan dans le monde, notamment par le maintien de plusieurs de ses colonies (Réunion, Guyane, Kanaky, Guadeloupe, Martinique, Polynésie, etc.).

Entamée en 2018, la hausse massive du budget de la « Défense » française (+56% entre 2017 et 2025) va continuer pour atteindre l’objectif de 68Md€ en 2030. La récente Loi de Programmation Militaire 2024-2030 donnent à l’industrie d’armement une visibilité inédite et entraînent une forte augmentation des commandes. Sous l’impulsion de « l’économie de guerre », les industriels accélèrent leurs cadences, réduisent les délais et relocalisent certaines capacités critiques pour préparer des conflits de haute intensité. L’ensemble du secteur se réorganise ainsi pour produire en plus grande quantité, plus vite. Par exemple, les avions Rafale sont produits aujourd’hui trois fois plus vite qu’en 2022.

Si la première phase de ce programme vise à préparer l’appareil militaire et à conditionner la population à la guerre, la seconde phase s’attaque au front intérieur. Car pour mener une politique de militarisation extérieure, encore faut-il s’assurer que la société ne se soulève pas contre les conséquences sociales, politiques et humaines de ce choix. C’est là que la répression et le maintien de l’ordre entrent en scène, comme des instruments de contre-révolution préventive destinés à étouffer toute opposition avant qu’elle n’apparaisse.

Depuis 2018, les forces de l’ordre françaises tirent chaque année entre 15 000 et 20 000 munitions de LBD et de grenades explosives, contre moins de 500 avant 2015. Le salon Milipol, vitrine mondiale des technologies de contrôle, illustre la direction prise : drones, armes dites « non létales », systèmes biométriques, dispositifs de surveillance algorithmique, tout concourt afin de renforcer le maintien de l’ordre comme un champ d’expérimentation militarisé.

Afin d’imposer cette politique, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, auditionné par une commission parlementaire le 18 novembre dernier, a réaffirmé sa volonté de créer un nouveau délit « d’atteinte à la cohésion nationale ». Cette proposition s’ajoute à tout un ensemble de mesures renforçant les capacités de surveillance, élargissant les possibilités de dissolution d’organisations et étendant les champs d’incrimination pénale, renforçant les prisons et les politiques d’isolement, dont l’objectif affiché est de neutraliser toute contestation de la politique menée par l’impérialisme français.

Cette logique va jusqu’au Sénat qui a validé des mesures permettant à France Travail de consulter des relevés téléphoniques ou des fichiers aériens pour contrôler les allocataires, ainsi que de nouvelles obligations administratives restreignant l’accès aux droits sociaux. En élargissant encore un peu plus la surveillance dans le champ de la précarité, le gouvernement crée un climat de menace permanente qui tente de décourager la contestation et fragilise encore davantage les classes populaires, en particulier racisées. Ce processus est évidemment renforcé par l’exacerbation de l’islamophobie d’État, et ses conséquences dramatiques pour des millions de personnes, dont l’intensification vise également à répondre à cette exigence : rassembler les classes populaires derrière l’impérialisme français en désignant un “ennemi intérieur”. Celui-ci sert à la fois de terrain d’expérimentation pour des politiques liberticides et autoritaires, que le racisme permet de faire consentir par de larges secteurs, et de moyen pour affaiblir les capacités d’auto-organisation – notamment des personnes racisé·es – susceptibles de remettre en cause l’ordre impérialiste.

La cohérence de sa stratégie saute aux yeux : à l’extérieur, une militarisation destinée à défendre ses intérêts impérialistes ; à l’intérieur, un appareil répressif renforcé pour empêcher la population de contester cette orientation. C’est une véritable contre-révolution préventive, qui frappe avant même qu’une révolte n’existe.

Face à cette situation, la gauche révolutionnaire doit aborder la période de manière conséquente. Il est indispensable de combattre toutes les formes de chauvinisme ainsi que l’idée qu’il existerait un militarisme « progressiste », position que l’on retrouve aujourd’hui chez La France insoumise. Lorsque des élus comme François Piquemal se préoccupent davantage du logement des futurs soldats de Toulouse que de la logique militariste elle-même, cela illustre parfaitement une politique qui consiste à accompagner, même à la marge, la machine de guerre de l’État.
Plus que jamais, nous faisons nôtre la formule de Karl Liebknecht : « L’ennemi principal est dans notre propre pays ». C’est uniquement en construisant une perspective révolutionnaire, profondément internationaliste et anti-impérialiste, qu’un véritable horizon antimilitariste peut émerger. Aucune paix durable, aucune sortie de cette spirale de guerre, ne sera possible sans s’attaquer à la racine : le capitalisme. Il n’existe pas d’alternative réformiste. C’est dans cette perspective que le Secours Rouge Toulouse entend se situer sur la base de ses spécificités : un espace d’appui, de solidarité et d’entraide pour toutes les formes d’auto-organisation autonomes de la gauche révolutionnaire, afin de faire face à la contre-révolution préventive et porter les perspectives révolutionnaires pour demain.

Lors des 1er Mai 2022 et 2023 à Barcelone, des vitrines — notamment de banques — ont été brisées, entraînant des arrestations puis, des mois plus tard, de nouvelles interpellations menées par l’unité catalane des « extrémismes violents », chargée de surveiller et judiciariser les mouvements contestataires. Les procès, très longs en Espagne, se soldent par des peines sévères : les inculpé·es de 2022 viennent d’écoper jusqu’à 21 mois de prison, tandis que pour ceux de 2023 le parquet réclame jusqu’à huit ans de détention, de lourdes amendes, l’expulsion de deux étrangers et une interdiction de centre-ville. Une collecte est organisée pour couvrir frais juridiques, amendes et soutien aux personnes incarcérées. Dans ce cadre, une soirée de soutien est organisée le vendredi 12 décembre à l’Impasse (1 impasse de Lapujade, Toulouse) dès 16H30 avec débat, cantine, tombola et concert.

Le Comité Vérité et Justice pour Bilal dénonce avec force les propos d’Émilion Esnault, porte-parole du maire de Toulouse, qui a réagi à une vidéo diffusée suite à un meeting politique en qualifiant les témoignages dans l’affaire de la mort de Bilal de « factuellement faux » et « diffamatoires », des accusations qui ont été suivies de l’annonce d’un dépôt de plainte contre X. Le Comité accuse l’élu de transformer « le deuil d’une famille en instrument de communication », en s’exprimant au-delà de ses fonctions et en empiétant sur le secret de l’instruction. Il dénonce ainsi une tentative de diversion politique alors que les proches de Bilal sont toujours privés de réponses essentielles, près d’un an après sa mort.

Lire la déclaration du comité

En lien avec la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et la campagne internationale Dismantle Damon, plusieurs organisations et collectifs de Toulouse organisent ce vendredi 28 novembre une soirée de soutien aux prisonnières palestiniennes (voir ici). En particulier, une rencontre en visio sera organisée avec l’ancienne prisonnière récemment libérée Hadeel Shatara afin d’échanger sur l’actualité de la lutte des femmes palestiniennes dans et hors les prisons coloniales.

L’autrice italienne Elena Mistrello raconte avoir été arrêtée à son arrivée à Toulouse, où elle devait participer au festival BD Colomiers, puis immédiatement renvoyée vers Milan sur ordre des autorités françaises, informée qu’elle serait considérée comme une « menace grave pour l’ordre public » et frappée d’une interdiction d’entrée. Malgré la présentation de son invitation professionnelle, ses explications n’ont pas été prises en compte et le motif de ce refus n’a pas été explicité.

Pour le 22 novembre à Toulouse, voici les noms d’avocates disponibles en cas d’arrestations : Charlotte Cambon, Océane Chotel et Antoine Ramognino. Pour désigner un·e avocat·e en garde à vue, vous avez juste besoin de son nom et son barreau. Vous pouvez désigner un de ces avocat·es du barreau de Toulouse. Si absent·es, prenez le/la commis d’office et on n’oublie pas : on a rien à déclarer ! Voir aussi notre « Petit guide légal des manifestant·es ».

Le samedi 13 décembre prochain c’est l’ACAB Party à la Chapelle à Toulouse ! De 13h12 à 22h, une journée pour se rencontrer, discuter et s’organiser contre la police, l’État et leur système. Au programme :

  • 13H12 · Projection
    Sainte-Soline, autopsie d’un carnage
    Avec des personnes ayant participé à la mobilisation
  • 15h30 · Discussions
    Racisme et violences d’Etat : comment y faire face ?
    Avec Toulouse Anti CRA et Fatou Dieng du Réseau d’Entraide Vérité et Justice
  • 18H · Conférence
    Sur l’abolition de la police
    Avec la militante abolitionniste pénale et sociologue Gwenola Ricordeau
  • 20H · DJ set
    Avec DJ Cantal Goyave et DJ Ginette
    Co-organisé avec Kaboum

Mais aussi un atelier graff, sérigraphie, gravure sur bois, marché de l’ACABerie, garde d’enfants, cantine, etc.